El cambio climático, como fenómeno asociado a la crisis ambiental, se refiere a los cambios a largo, mediano y corto plazo de las temperaturas y los patrones climáticos. Es decir, ciclos de sequías y lluvias o cambios en vientos, entre otros.  Estos cambios pueden ser naturales, por ejemplo, a través de las variaciones del ciclo solar. Pero, según los últimos informes del IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, por sus siglas en inglés) desde el siglo XIX, las actividades humanas han sido el principal motor de la transformación de las temperaturas (ver reportes en español del IPCC  aquí).

Una de las principales razones del cambio climático tiene que ver con la quema de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas). La quema de combustibles fósiles genera emisiones de gases de efecto invernadero (Co2) que atrapan el calor del sol y elevan las temperaturas. El alza en las temperaturas transforma los ciclos del agua, el viento y produce nuevos riesgos para el sostenimiento de la vida humana y no-humana en toda la Tierra. Además, fenómenos como la deforestación, la contaminación, el acaparamiento de tierras, la construcción de infraestructuras no sostenibles, entre otros son centrales en la producción de dióxido de carbono.

Todas estas actividades se sustentan en formas insostenibles de relacionarnos con la naturaleza. Esto quiere decir que, el modelo de producción económica basado en la explotación de la naturaleza, que cuenta con raíces coloniales, patriarcales y capitalistas, ha sido uno de los causantes del cambio climático.  

El cambio climático impacta de forma diferencial a diversas poblaciones a nivel global. Grupos de comunidades empobrecidas, en su mayoría parte de algún pueblo indígena, afrodescendiente o comunidades rurales -campesinas y pesqueras-, mujeres y niñas, son las poblaciones más afectadas. Esto porque sus modos de vida se sustentan en la producción de la tierra o el agua, o bien han sido poblaciones que, por procesos de desplazamiento asociados a gentrificación, extractivismo o promoción de modelos económicos neoliberales han terminado ubicadas en lugares sin ninguna garantía de vida digna. Por ejemplo, márgenes de ríos, periferias de las ciudades, zonas de baja productividad agropecuaria y pesquera, etc. 

En contraste con esta situación, es relevante mencionar que la producción de toneladas de CO2 que producen el cambio climático se da de forma diferencial a nivel mundial. Según Chancel (ver su informe publicado en 2021 sobre emisiones de carbono y desigualdad a nivel global  aquí [3] ), a nivel global, para el 2019, el 10% de los principales emisores globales (771 millones de personas que producen aproximadamente 31 toneladas de CO2 por persona por año) fueron responsables del 48% de emisiones globales de CO2. Adicionalmente, el 1% de dicha población, es decir la población más rica del mundo, emite en promedio 110 toneladas por persona y aporta el 17% de todas las emisiones al año. Estos datos contrastan con que el 50% más pobre de la población (aproximadamente 3.800 millones de personas) emite en promedio 1,6 toneladas por persona y son responsables del 12 % de todas las emisiones. Es decir que el 50% de la población más pobre del mundo produce menos CO2 que el 1% de la población más rica a nivel global.

Nota: Si bien contabilizar las emisiones de carbono teniendo en cuenta el nivel de ingresos es un indicador clave para entender la desigualdad entre los responsables de la producción de los efectos del cambio climático y los impactos a nivel local, es relevante mencionar que esta distribución es variada en términos geográficos.[4] [5] 

Teniendo en cuenta este panorama de producción desigual de CO2 que produce el cambio climático, y partiendo del hecho que es necesario analizar cómo se producen históricamente las desigualdades socioambientales y la crisis ambiental, esta sección busca destacar algunos de los llamados realizados desde las organizaciones y los movimientos sociales latinoamericanos y del caribe que mencionan que el cambio climático es el producto de una serie de causas estructurales, en donde el modelo de desarrollo, el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado han creado formas insostenibles de relacionarnos con la naturaleza.En esta sección se parte del hecho que como región hemos estado sometidos a la implementación de proyectos de desarrollo anclados al extractivismo ( minería e hidrocarburos , agronegocios e infraestructuras para la movilización de mercancías basadas en la naturaleza , entre otros) que han afectado de forma diferencial a poblaciones empobrecidas y racializadas y que han producido riesgos y exclusiones. En ese sentido, y para contrarrestar los efectos del extractivismo y evitar nuevas formas de despojos asociados a proyectos de cambio climático, es necesario que la sociedad civil analice y participe en iniciativas de acción climática basadas en los postulados de la justicia climática y la justicia agraria , incluyendo la participación en la formulación de las NDC a nivel nacional.

Los extractivismos son fenómenos con raíces coloniales basados en la explotación de grandes cantidades de recursos naturales o bienes comunes. Por su carácter predatorio, las actividades extractivas tienden a transformar los usos del suelo y las aguas, así como a afectar ecosistemas enteros dado que parte de su funcionamiento se basa en la extracción masiva de recursos naturales. Las actividades extractivas han ocupado un lugar central en las políticas económicas de los países de la región desde hace varios siglos, y actualmente afecta a todos los países de América Latina y el Caribe. Entonces, los extractivismos se han cimentado a costa de la intensificación de daños a la naturaleza y a las comunidades y sus territorios, tanto en contextos rurales como urbanos. Es relevante mencionar que los extractivismos aceleran la presencia de impactos asociados al cambio climático, ya que organiza formas de producción y reproducción de la vida cotidiana bajo una grilla enteramente económica y de constante expansión.

Esta sección muestra una breve reseña de algunos de los escenarios extractivos que más afectan la naturaleza y las comunidades locales, y por lo tanto aportan a la intensificación de los efectos del cambio climático. Es relevante mencionar que los procesos extractivos producen gran cantidad de contaminación, despojan a las comunidades de sus territorios, afectan y en algunos casos desaparecen las fuentes de agua e impactan flora y fauna de ecosistemas claves para el equilibrio ecosistémico en la región.

El Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina reporta 284 conflictos asociados a enclaves mineros en toda la región. En continuos informes el Observatorio menciona que la ampliación de la frontera minera ha afectado a pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades rurales de formas diversas (ver los informes del observatorio en este enlace [10] ).

En relación con la explotación de hidrocarburos y gas, el Atlas de Justicia Ambiental menciona que existen alrededor de 60 conflictos en la región (ver el mapa en este  enlace [11] ). Estos conflictos se ubican en zonas rurales y producen además de graves daños a la naturaleza, una fuerte dependencia de las economías locales a la explotación de los minerales e hidrocarburos. Este proceso de dependencia deja en desventaja económica a pueblos locales, afecta las formas locales de relacionamiento con la naturaleza y excluye a mujeres, niños y niñas, adultos mayores y otros grupos poblacionales de la participación en espacios de toma de decisiones.

Al igual que la minería y los hidrocarburos, otra forma de extractivismo tiene que ver con la implementación de monocultivos y tierras destinadas a la producción pecuaria. Esta forma de extractivismo, también con raíces coloniales, produce fronteras de explotación que se sobreponen a las tierras antes ocupadas por comunidades indígenas, afrodescendientes o rurales en toda la región. Además, en los últimos años, estas formas de relacionamiento con la naturaleza han producido mayor deforestación en la región. Se estima que más de 43 millones de hectáreas en todo el mundo se perdieron en los frentes de deforestación entre 2004 y 2017 (ver informe sobre deforestación  aquí). Para la región, uno de los frentes de deforestación más grandes es la Amazonía. Lo complejo de esta forma de extractivismo es que tradicionalmente se justificó en la idea de producción masiva de alimentos, por lo tanto, el impulso de los agronegocios fue parte central de algunas agendas de desarrollo para la región. Sin embargo, lo que terminó sucediendo es que muchas de estas plantaciones se han dedicado a la producción de biocombustibles, maderables o subproductos para la cría de animales a gran escala (ver los análisis que la academia ha realizado al respecto en esta  publicación ). Este hecho ha transformado los suelos, ha afectado bosques y ecosistemas claves para mitigar el cambio climático y ha dejado fuera de las economías alimentarias a comunidades locales.

Anclado al tema de los agronegocios, se encuentran también proyectos de infraestructura de varias formas y en varios niveles a lo largo de la región. Represas, carreteras, centros de acopio, etc. son solo algunos ejemplos de formas de infraestructuras que se conectan con las formas tradiciones de extractivismo y que producen nuevos despojos para las comunidades locales, además de los efectos concretos sobre la naturaleza. Las infraestructuras son, en general, financiadas por el Estado a través de créditos o deuda; y de allí la importancia de poder incluir un proceso de monitoreo y seguimiento de estas dentro de los espacios locales de acción climática.

En América Latina la Red Latinoamericana contra las represas y por los ríos y su gente (ver sus propuestas en este enlace [14] ) y el Movimiento de Afectados por Represas -MAR- (ver su página web aquí [15] )  han venido produciendo una serie de documentos y acciones que permiten entender que las represas son proyectos extractivos que afectan la disponibilidad de agua, pero además, contaminan las fuentes existentes e incrementan los riesgos de inundación y sequía asociados, también al cambio climático. Esto es relevante pues, dentro de algunos planes para la transición de la matriz energética en América Latina y el Caribe, la construcción de represas es un elemento central. Es por este motivo que esta forma de extractivismo debe estar en la lupa de los movimientos sociales en defensa de los territorios en la región e involucrados en formas locales de reclamar justicia climática

Estos procesos extractivos son solo algunas de las muestras de cómo las formas depredadoras de relacionamiento con la naturaleza se han impuesto en América Latina y el Caribe. La Plataforma Latinoamericana y del Caribe por la Justicia Climática (ver su trabajo  acá) menciona que parte de la responsabilidad de la sociedad civil en la acción climática es poner sobre la mesa la idea que esta crisis es ocasionada por formas coloniales, patriarcales, y depredadoras de manejar la naturaleza y producir dinero. Desde esta mirada la participación en la agenda climática debe tener presente el complejo panorama de despojo, contaminación y degradación ecosistémica en la región.

Esto es relevante, porque para construir unas NDC que cumplan con los requerimientos locales, es necesario reconocer que las responsabilidades en la intensificación de los efectos de cambio climático son diversas, así como las formas cómo los individuos se ven afectados, es decir:

“La experiencia ha evidenciado que las poblaciones históricamente explotadas, discriminadas y excluidas por estructuras económicas y sociales que benefician a pequeñas élites -por lo general blancas-, son desproporcionadamente más vulnerables porque se ven obligadas a habitar zonas de riesgo y, además, cuentan con menores recursos económicos. Al mismo tiempo, la atención de desastres y el beneficio de políticas de recuperación son distribuidos de manera desproporcionada en favor de las comunidades blancas y ricas, por sobre las comunidades afrodescendientes, indígenas, campesinas, obreras, etc. El racismo climático evidencia y perpetúa el legado del colonialismo” (Glosario Justicia Climática, disponible: https://www.flacsi.net/wp-content/uploads/2022/07/GLOSARIO-DE-LA-JUSTICIA-CLIMA%CC%81TICA.pdf)

Teniendo en cuenta esto algunos de los principios de la justicia climática son:

• La acción climática debe propender por un cambio sistémico que elimine las formas de relacionarnos con la naturaleza dictadas por el extractivismo, el patriarcado, el racismo y el colonialismo.
• Las propuestas de Justicia Climática deberían partir de generar un cambio donde lo común, lo colectivo, lo comunitario, el cuidado y las redes de vida sean el centro de la organización económica y social. Un sistema que respete los derechos humanos de comunidades indígenas, ancestrales, mujeres, campesinas/os, trabajadoras/es y los derechos de la naturaleza.
• Es necesario abordar las causas estructurales del cambio climático en los espacios de participación para de esa forma evitar la emergencia de nuevas formas despojo asociadas a proyectos de cambio climático.
• Existen una serie de responsabilidades históricas diferenciadas en la producción del cambio climático. En este sentido, es clave que en las discusiones con otros actores sean claros los niveles de responsabilidad y en esta medida las acciones de mitigación y adaptación deben tener cargas diferenciadas. [17] 

Desde NDC de mi pueblo proponemos que los principios de la justicia climática deben estar en el centro de acción climática local. Bien sea participando en la construcción de NDC o desde acciones territoriales de adaptación y transformación de las formas de relacionarnos con la naturaleza, lo cual es necesario pensar la acción climática bajo la mirada de la justicia climática.